La decisión fue adoptada durante la XV Sesión Plenaria del Consejo Regional y contempla destinar el 2% del FNDR 2026 a medidas de respuesta, recuperación y rehabilitación en los territorios afectados.
El Gobierno Regional de Tarapacá y el Consejo Regional manifestaron su disposición para destinar el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2026 a enfrentar los efectos de la emergencia climática que afecta a distintos sectores de la región.
El acuerdo fue adoptado este lunes 17 de agosto, durante la XV Sesión Plenaria del Consejo Regional, y permitiría disponer de más de mil millones de pesos para financiar medidas destinadas a responder a las consecuencias provocadas por las precipitaciones y apoyar la recuperación de las zonas afectadas.
Los recursos podrán ser utilizados en distintas acciones de respuesta, recuperación y rehabilitación, dependiendo de las necesidades que sean identificadas y priorizadas en el marco del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).
Entre las medidas que eventualmente podrían ser financiadas se encuentran apoyos dirigidos a personas afectadas, reposición de infraestructura y otras acciones que resulten necesarias para enfrentar las consecuencias de la emergencia.
Recursos deberán responder a necesidades priorizadas
La disposición de los recursos no implica una asignación automática. Para materializar el financiamiento, las necesidades deberán ser levantadas, evaluadas y priorizadas dentro del COGRID, instancia desde la cual se deberán definir las acciones que requieren atención.
Posteriormente, alguna de las instituciones públicas que integran el Comité deberá presentar el proyecto correspondiente, el que tendrá que cumplir con los procesos de evaluación, tramitación y aprobación establecidos para acceder a los recursos regionales.
El gobernador regional de Tarapacá y presidente del CORE, José Miguel Carvajal, destacó la voluntad del Gobierno Regional y de los consejeros y consejeras regionales para contribuir a enfrentar las consecuencias de la emergencia.
“Como Gobierno Regional, junto a los consejeros y consejeras regionales, tenemos toda la disposición para destinar el dos por ciento del fondo regional a esta emergencia. Son más de mil millones de pesos que pueden ponerse al servicio de las necesidades que se definan en el marco del COGRID”, señaló.
Carvajal planteó además la necesidad de avanzar con rapidez para que los recursos puedan transformarse en soluciones concretas para las comunidades que han sufrido los efectos del sistema frontal.
“Esperamos avanzar con la mayor rapidez posible para entregar respuestas concretas a los territorios afectados”, agregó.
Coordinación para canalizar las demandas
El gobernador regional sostuvo que uno de los aspectos fundamentales para hacer efectivo el uso de estos recursos será que los organismos competentes puedan levantar y canalizar oportunamente las necesidades existentes en cada territorio.
En ese sentido, recalcó que las instituciones deberán formular y priorizar los requerimientos de acuerdo con la magnitud de los daños y las necesidades más urgentes generadas por las precipitaciones.
La finalidad es que los recursos regionales sean orientados hacia aquellas intervenciones que permitan responder de manera efectiva a las consecuencias de la emergencia y avanzar posteriormente hacia la recuperación de los sectores afectados.
Trabajo conjunto con municipios y organismos de emergencia
El Gobierno Regional y el Consejo Regional señalaron que continuarán trabajando coordinadamente con Senapred, los municipios y las demás instituciones que forman parte del COGRID.
La coordinación interinstitucional será clave para determinar dónde se concentran las principales necesidades y qué tipo de intervenciones requieren financiamiento.
De esta manera, la eventual utilización del 2% del FNDR 2026 se plantea como una herramienta financiera para apoyar la respuesta regional frente a la emergencia climática, pero su ejecución dependerá de la identificación de necesidades, la formulación de proyectos y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
Con más de mil millones de pesos potencialmente disponibles, el desafío para las autoridades será ahora transformar la disposición expresada por el GORE y el CORE en proyectos concretos que permitan atender a las personas y territorios afectados y contribuir a la recuperación de Tarapacá.
