Caso muebles: PDI informó que Cánepa se pagó el proyecto computadores a través de Factorline

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Caso muebles y declaracion de PDIEl primer testigo presentado por la Fiscalía en el juicio conocido como Caso Muebles, el funcionario de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, Edson Figueroa, señaló que si bien quienes fueron intendentes de Tarapacá el 2008, resolvieron no pagar a Cánepa el proyecto de laboratorios computacionales, debido a los cuestionamientos por la entrega y calidad de los equipos; el empresario obtuvo el monto total del proyecto ($527 millones) gracias a la factorización de las facturas.

El policía explicó que en febrero de 2008, Cánepa presentó en Factorline varias facturas de Génova por la adquisición de mobiliario y equipos para los laboratorios computacionales, y una carta firmada por Jorge Jacobs, como  jefe del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional, certificando que dichas facturas serían canceladas por el Gobierno Regional (Gore) en la primera quincena de marzo.

Figueroa señaló que Jacobs no tenía ninguna autoridad para  asegurar el pago de dichas facturas, ya que no era la persona que podía verificar la disponibilidad presupuestaria, ni tampoco sabía si se habían entregados los laboratorios, lo cual efectivamente no había ocurrido. Incluso, dos de las facturas presentadas eran falsas, ya que correspondían a jeringas.

De acuerdo a la explicación del funcionario policial, Factorline le entregó el dinero del proyecto a Cánepa y luego, a través del abogado Diego Hauva, exigió el cobro al Gobierno Regional. Como éste no canceló, Hauva presentó una demanda civil contra el Gore, incluyendo una de las facturas falsas, y finalmente, el gobierno regional debió pagar el total del dinero por resolución judicial.

El policía indicó que además de los $527 millones, el Gore debió pagar $150 millones por concepto de costas. Este dinero fue retirado directamente por el abogado Diego Hauva, quien depositó 50 millones a Bruno Cánepa (padre de Gianpiero) y se quedó con los $105 millones como honorarios.

El abogado Diego Hauva ya está condenado por esta causa en un procedimiento abreviado, por los delitos de lavado de activos y presentación de antecedentes falsos en juicio.

Figueroa indicó además que Hauva fue simultáneamente abogado de Gianpiero Cánepa, de Factorline y de la ex intendenta Antonella Sciaraffia, en la presentación de dos querellas entre mayo y junio de 2008 por estos mismos proyectos.