El Informe Final N° 510 revisó fondos entregados a organizaciones privadas entre 2023 y 2024. Contraloría instruyó exigir reintegros por montos observados, formalizar planes de fiscalización y adoptar medidas correctivas. El Gobierno Regional respondió mediante una declaración pública.
La Contraloría Regional de Tarapacá dio a conocer el Informe Final N° 510, de 2025, documento que contiene los resultados de una investigación especial realizada al Gobierno Regional de Tarapacá (GORE) respecto de transferencias de recursos públicos a organizaciones privadas sin fines de lucro.
Según el informe, la fiscalización revisó el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, concentrándose en fondos entregados bajo el subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, especialmente mediante el FNDR 8% y asignaciones directas.
De acuerdo a Contraloría, el objetivo fue verificar si las transferencias se encontraban ajustadas a normativa, si las entidades receptoras rindieron adecuadamente los recursos, si los gastos se ajustaron a los objetivos de los proyectos y si el GORE ejerció fiscalización y control sobre la ejecución de las iniciativas.
Qué investigó Contraloría y por qué esto importa
Para la ciudadanía, el punto central es simple: se trata de recursos públicos, es decir, dinero estatal que debe ser utilizado bajo reglas estrictas, con rendiciones claras y supervisión efectiva.
En ese marco, Contraloría revisó dos aspectos principales: por un lado, el proceso de entrega y registro de los recursos por parte del GORE, y por otro, la rendición de gastos presentada por las organizaciones beneficiadas, evaluando si los antecedentes permitían acreditar la ejecución real de lo financiado.
El tamaño del gasto revisado: más de $1.777 millones en 66 proyectos
El informe señala que, durante el período revisado, el Gobierno Regional registró 364 transferencias en total durante 2023 y 2024, por más de $5.416 millones. Sin embargo, Contraloría no revisó la totalidad, sino una muestra seleccionada de iniciativas de mayor monto.
En concreto, la auditoría se centró en 66 proyectos, que representan un total transferido de $1.777.179.098.
Según el documento, la revisión permitió detectar patrones de debilidades y observaciones que, a juicio del organismo fiscalizador, deben ser corregidas.
Los principales hallazgos: cuando la rendición no logra acreditar el gasto
$58 millones aprobados sin respaldo suficiente
Uno de los puntos más relevantes del Informe Final N° 510 es que Contraloría observó gastos por $58.362.020 que fueron aprobados y contabilizados por el GORE, pero que —según el organismo— no contaban con documentación suficiente para acreditar la ejecución.
En términos simples, Contraloría indica que en esos casos no se encontraron antecedentes tales como:
- nóminas de asistentes,
- actas de entrega,
- fotografías,
- recepción conforme del servicio,
- u otros respaldos que permitan demostrar que el bien o servicio efectivamente se realizó.
Por esta razón, el informe instruye al Gobierno Regional requerir la restitución de los montos observados y acreditar documentalmente el ingreso del dinero a la cuenta institucional dentro del plazo de 60 días hábiles, a través de los mecanismos de seguimiento establecidos por Contraloría.
Notebooks: 14 equipos sin respaldo y $7,7 millones restituidos
El informe también expone un caso asociado a la entrega de computadores portátiles en el marco de proyectos de alfabetización digital vinculados al uso de Comisaría Virtual.
Según Contraloría, se detectó falta de respaldo en la entrega de 14 notebooks, por un total de $7.700.000.
El documento indica que la organización beneficiaria restituyó el monto durante la etapa de respuesta al preinforme. Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación, señalando que el reintegro no subsana completamente el punto debido a que no se detallaron los motivos por los cuales esos equipos no se implementaron conforme al objetivo del proyecto, pese a que las facturas fueron recibidas conforme y aprobadas.
Además, Contraloría instruyó que esta materia sea incorporada al procedimiento disciplinario interno iniciado por el Gobierno Regional el 10 de diciembre de 2025.
Rendiciones pendientes: recursos públicos sin cierre formal
Más de $250 millones entre proyectos sin rendición y saldos vencidos
Otro bloque relevante del informe tiene relación con recursos transferidos cuyo proceso de rendición no se encontraba completamente cerrado al momento de la fiscalización.
Según Contraloría, se detectaron:
- proyectos sin rendiciones asociadas por $87.390.000,
- saldos de convenios vencidos pendientes de rendición por $69.590.704,
- y $96.400.469 en rendiciones observadas por el propio GORE por falta de respaldo.
En estos casos, Contraloría recuerda que cuando los fondos no se rinden o no se aprueban, se genera obligación de restitución, instruyendo al Gobierno Regional exigir el reintegro de los montos o, si corresponde, iniciar las acciones judiciales pertinentes.
Conflictos de interés: observaciones por vínculos entre directivos y proveedores
Contraloría detectó coincidencias en 3 proyectos
El informe también incluye una observación especialmente sensible para cualquier sistema de financiamiento público: posibles conflictos de interés.
Según Contraloría, se detectaron coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiadas y proveedores contratados por esas mismas instituciones, en 3 proyectos, por un total de $50.020.381.
El documento señala que esta situación vulneraría lo establecido en los manuales del concurso FNDR 8% y sus restricciones de contratación.
En este contexto, Contraloría instruyó exigir la restitución de $12.780.000 y, además, revisar rendiciones no contabilizadas para determinar si existen otros casos similares.
Para el lector común, este punto se puede traducir así: se financiaron proyectos donde parte de los recursos habría terminado pagándose a proveedores vinculados a directivos de las propias organizaciones beneficiadas, situación que las reglas del concurso restringen expresamente.
Factura por $14,2 millones: Contraloría ordena aclarar antecedentes
El informe también consigna un hallazgo que Contraloría califica como relevante debido a inconsistencias detectadas en el respaldo documental.
Según el documento, la documentación que respalda una factura por $14.200.000 no sería consistente con lo indicado por 5 de 7 socios entrevistados durante la investigación.
Por esta razón, Contraloría instruyó al Gobierno Regional aclarar la situación y ejercer acciones legales en caso de comprobarse adulteración de instrumentos públicos o privados.
Cabe señalar que el informe no afirma directamente la existencia de un delito, pero sí establece la obligación de aclarar los antecedentes y adoptar medidas si se acreditan irregularidades de carácter más grave.
Fiscalización en terreno: 32 de 66 proyectos sin actas
Contraloría no solo cuestionó rendiciones: también cuestionó el rol del Gobierno Regional como entidad fiscalizadora.
Según el informe, 32 de los 66 proyectos revisados no registraban actas de fiscalización en terreno.
El Gobierno Regional, según consigna el documento, argumentó falta de personal, exceso de postulaciones y limitaciones logísticas. Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación y exigió que el GORE entregue un plan de fiscalización formalizado.
En términos simples, Contraloría sostiene que en una parte importante de los proyectos revisados no existía evidencia formal de verificación presencial respecto del cumplimiento de las actividades financiadas.
Debilidades internas: contabilidad, sistemas y control
El informe también describe fallas institucionales del propio Gobierno Regional que, según Contraloría, afectan su capacidad de controlar recursos públicos.
Entre ellas se mencionan:
- falta de segregación de funciones contables (un mismo usuario elaboraba y aprobaba operaciones),
- control de rendiciones mediante planillas Excel, pese a advertencias previas,
- observaciones sobre el uso de SISREC en casos donde sería obligatorio,
- y problemas en la contabilización oportuna bajo el principio del devengo.
La declaración pública del GORE: qué respondió la autoridad regional
Tras conocerse el informe, el Gobierno Regional de Tarapacá difundió una declaración pública con tres ejes principales.
Primero, sostuvo que respecto de la falta de acreditación de gastos ya se iniciaron gestiones administrativas para revisión y reintegro, y que se está acompañando a organizaciones sociales para cerrar rendiciones.
Segundo, indicó que en materia de conflicto de interés, estos se producirían entre directivos y proveedores, y que ya se solicitaron reintegros en casos observados.
Tercero, señaló que el informe no daría cuenta de faltas graves a la probidad administrativa por parte de la autoridad o del equipo, sino observaciones administrativas, recordando además que el 10 de diciembre de 2025 se instruyó un procedimiento disciplinario interno.
La lectura clave: no es sentencia judicial, pero sí un informe con instrucciones obligatorias
Una de las confusiones habituales cuando se publican informes de Contraloría es pensar que se trata automáticamente de una condena penal, o bien que se reduce a simples trámites administrativos.
En rigor, el Informe Final N° 510 corresponde a un documento administrativo que contiene observaciones, instrucciones, exigencias de restitución y medidas correctivas, las cuales deben ser informadas dentro de plazos establecidos.
Contraloría no actúa como tribunal penal. Sin embargo, sí puede ordenar reintegros, exigir mejoras institucionales y requerir que se determinen responsabilidades administrativas, además de instruir que se ejerzan acciones legales cuando existan antecedentes que lo ameriten.
Qué debe pasar ahora: 60 días para reintegros y correcciones
El informe fija plazos concretos —principalmente de 60 días hábiles— para que el Gobierno Regional:
- exija restituciones,
- acredite ingresos contables,
- formalice cambios a manuales,
- presente planes de fiscalización,
- y remita documentación a Contraloría mediante su sistema de seguimiento.
Además, ciertos hechos deben incorporarse al procedimiento disciplinario interno ya iniciado por el Gobierno Regional.
Por qué este informe es importante para la ciudadanía
Este informe importa por una razón sencilla: los fondos FNDR 8% y las asignaciones directas existen para apoyar actividades sociales, deportivas, culturales y comunitarias. Son recursos que llegan a juntas vecinales, clubes deportivos, fundaciones y organizaciones territoriales.
Cuando esos recursos no se controlan correctamente, ocurren dos efectos:
Primero, se pone en riesgo el dinero público, porque no existe certeza suficiente de que se usó de manera correcta y verificable.
Segundo, se perjudica a las organizaciones que sí cumplen, porque la falta de control debilita la confianza ciudadana en los concursos y en la distribución de recursos públicos.
En otras palabras, no se trata solo de un problema administrativo: se trata de la credibilidad del sistema y del deber institucional de proteger fondos estatales.
Cierre
El Informe Final N° 510 de Contraloría plantea que el GORE Tarapacá enfrenta un desafío urgente: fortalecer el control interno, mejorar la fiscalización en terreno, modernizar el seguimiento de rendiciones y asegurar que cada peso transferido pueda ser acreditado documentalmente.
Si bien la declaración pública del Gobierno Regional busca transmitir que se están tomando medidas y que el informe no configura por sí mismo una sentencia judicial, el documento fiscalizador sí contiene observaciones de alto impacto, con montos concretos, reintegros ordenados y exigencias de corrección inmediata.
La ciudadanía, finalmente, no solo necesita conocer el contenido del informe, sino también observar que se recuperan recursos cuando corresponde y que se establecen responsabilidades para evitar que estas situaciones se repitan.
