Un fuerte llamado a resguardar los compromisos internacionales de Chile realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) luego del anuncio del Ejecutivo de iniciar una revisión exhaustiva caso a caso para evaluar la eventual concesión de indultos particulares.
A través de un comunicado público, la institución recordó que, si bien el ordenamiento constitucional chileno contempla la facultad presidencial para otorgar indultos, esta atribución no es absoluta cuando se trata de condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
La advertencia surge tras el anuncio del gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast, respecto a la posibilidad de revisar solicitudes de indulto en distintos casos.
Desde el INDH señalaron que el ejercicio de esta facultad debe ajustarse estrictamente a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido en materia de derechos humanos, especialmente cuando se trata de delitos considerados de extrema gravedad.
Según explicó la entidad, los estándares internacionales establecen que en situaciones vinculadas a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Estado no solo tiene la obligación de prevenir estas conductas, sino también de investigar, juzgar y sancionar de manera proporcional a su gravedad.
En esa línea, el organismo advirtió que conceder indultos antes de que se cumpla una parte sustantiva de la condena podría vulnerar dichos compromisos internacionales, lo que eventualmente podría generar responsabilidad internacional para el Estado chileno.
El comunicado también subraya el impacto social y moral que podría tener una decisión de este tipo. Según el INDH, la lucha por la dignidad humana exige un compromiso firme con la justicia, especialmente en casos que involucran violaciones graves a los derechos fundamentales.
Finalmente, la institución enfatizó que cualquier medida relacionada con indultos debe considerar no solo el marco jurídico vigente, sino también el efecto que podría tener en las víctimas, sus familias y en la percepción de justicia dentro de la sociedad, advirtiendo que decisiones de esta naturaleza podrían abrir un debate profundo sobre los límites entre clemencia presidencial y la necesidad de evitar la impunidad frente a delitos de esta magnitud.
