Las iniciativas buscan fortalecer la legislación para enfrentar la ocupación ilegal de bienes nacionales de uso público y reforzar las herramientas contra la delincuencia asociada a estas estructuras.
El diputado Álvaro Jofré Cáceres (PNL) destacó el avance de dos proyectos de ley que actualmente son analizados por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, los cuales buscan entregar nuevas herramientas legales para recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente y enfrentar la instalación de estructuras precarias utilizadas para actividades delictivas.
Las iniciativas responden al creciente fenómeno de ocupaciones irregulares en bienes nacionales de uso público, especialmente aquellas conocidas como «rucos», que en algunos casos son utilizados para ocultar armas, drogas o especies provenientes de delitos, además de generar problemas de seguridad e impedir el libre uso de estos espacios por parte de la comunidad.
«Estos proyectos responden a una demanda permanente de los vecinos y de los gobiernos comunales. No es razonable que el Estado carezca de herramientas jurídicas para intervenir eficazmente cuando espacios destinados al uso de toda la comunidad terminan ocupados de manera permanente, generando inseguridad, insalubridad y un evidente deterioro del entorno», señaló el parlamentario.
El primero de los proyectos propone establecer sanciones penales para quienes instalen o utilicen estructuras precarias destinadas a facilitar la comisión de delitos, especialmente cuando en ellas se encuentren armas ilegales, drogas o especies robadas. En tanto, la segunda iniciativa tipifica como delito la ocupación de bienes nacionales de uso público con fines de habitación o pernoctación, considerando esta conducta como un delito de flagrancia permanente, lo que permitiría la intervención policial mientras la ocupación continúe.
Jofré sostuvo que ambas propuestas buscan corregir un vacío existente en la legislación chilena, ya que actualmente los municipios deben enfrentar estas situaciones principalmente mediante acciones administrativas, las que muchas veces resultan insuficientes.
«Los municipios realizan constantes operativos de limpieza y desocupación, pero pocas horas o días después los rucos vuelven a instalarse porque hoy existe un vacío legal. Mientras la legislación sanciona la usurpación de inmuebles privados, no contempla una respuesta penal específica para la ocupación permanente de espacios públicos», afirmó.
El legislador agregó que durante la discusión parlamentaria se recogerán las opiniones de especialistas, autoridades y organismos vinculados a la seguridad pública con el propósito de perfeccionar las iniciativas y garantizar que la futura normativa contribuya a recuperar los espacios públicos para las familias y fortalecer la prevención del delito.
Finalmente, el parlamentario enfatizó que la recuperación de plazas, parques, veredas y otros bienes nacionales de uso público constituye una medida esencial para mejorar la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.
«Recuperar los espacios públicos también es una política de seguridad. Las plazas, parques, veredas y bienes nacionales de uso público deben pertenecer a todos los ciudadanos y no transformarse en lugares donde proliferen la delincuencia, el microtráfico o la ocupación permanente al margen de la ley», concluyó Jofré.
