Nueva institucionalidad para recuperar la confianza

Difundir el amor

Camilo Escalona senadorPor: Camilo Escalona Medina, Presidente del Senado

Esta semana la renuncia del señor ministro de Justicia, Teodoro Ribera, viene a confirmar la insistencia de nuestro planteamiento, en relación a la incapacidad del poder Ejecutivo de resolver oportuna y eficazmente los conflictos de interés que se han presentado a lo largo de su ejercicio en el gobierno y que, para perjuicio de ese propio poder Ejecutivo, han estado marcando y tiñendo la agenda del país y el propio ejercicio de la tarea administrativa que le corresponde.

Hemos manifestado varias veces que era indispensable poner término a las “sociedades espejo”, que son el instrumento a través del cual se ejerce y se retira el lucro en las universidades privadas de educación superior.

El tiempo político se agotó, no hay espacio para otra decisión  que no sea la disolución de la Comisión Nacional de Acreditación. La corrupción y los conflictos de interés la hundieron. El propio ministro del Interior ha señalado que este organismo colapsó. La verdad es que no está en situación de poder resolver el tema de confianza y credibilidad que se ha establecido en el curso de las últimas semanas.

Me permito sugerir al país y al gobierno la creación de un Consejo autónomo del Estado para la acreditación de las instituciones de educación superior privadas. Esta entidad requiere autonomía efectiva y el desplazamiento de los intereses corporativos, en consecuencia, se debiese constituir con representación de los diferentes estamentos, del Consejo de Rectores de Universidades, del Consejo de Federaciones Universitarias, con designación de consejeros por parte de la Cámara de Diputados y del Senado, así como  un presidente que sea nombrado por el Jefe de Estado. En resumen, una composición en que el interés público tenga primacía. Un consejo que debiese tener personas que ejerzan  un tiempo relativamente breve sus funciones, tres años me atrevo a sugerir, sin que pueda renovarse ese mandato y que, por lo tanto, estén en condiciones de otorgar a la sociedad chilena las garantías y la credibilidad que, lamentablemente, se derrumbó en el caso de la Comisión Nacional de Acreditación.

Cuando existe voluntad política se puede legislar con urgencia. Hoy aparece evidente que no se puede seguir postergando una situación que rebasó todo lo imaginable y que ha llegado, necesariamente, la hora de poner término a tanta irregularidad, en una situación que rompe la tradición republicana del país.

El Consejo Nacional de acreditación que me permito sugerir debiese reemplazar urgentemente a la actual Comisión Nacional de Acreditación que, definitivamente, ya tocó fondo en sus funciones.