El senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, valoró el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales durante la discusión del Presupuesto 2027. El parlamentario destacó las gestiones desarrolladas desde la Subcomisión Mixta de Presupuestos para contribuir al entendimiento, que contempla mayores recursos y medidas destinadas a agilizar la ejecución de proyectos de inversión en las regiones.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gobernadores regionales en el marco de la discusión del Presupuesto 2027 fue valorado por el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, quien destacó el trabajo parlamentario desarrollado durante las últimas semanas para acercar posiciones y encontrar una solución a las diferencias relacionadas con el financiamiento de las regiones.
El entendimiento contempla la reposición de recursos presupuestarios y modificaciones orientadas a facilitar la ejecución de iniciativas regionales, particularmente aquellas vinculadas con infraestructura, seguridad y otras necesidades prioritarias de los territorios. Las medidas buscan reducir obstáculos administrativos que, en determinados casos, dificultan el inicio oportuno de proyectos financiados con recursos públicos.
Trisotti sostuvo que las negociaciones comenzaron en un escenario complejo, marcado por posiciones contrapuestas entre el Ejecutivo y los representantes regionales respecto de la disponibilidad de fondos y las condiciones para su utilización. En ese contexto, señaló que el trabajo realizado desde la Subcomisión Mixta de Presupuestos contribuyó a generar las condiciones necesarias para alcanzar un entendimiento.
“Desde la subcomisión trabajamos para sacar adelante este acuerdo. Esto partió muy mal, con posiciones opuestas y un riesgo enorme para el financiamiento de proyectos necesarios para quienes viven en Tarapacá. Por eso nos involucramos en buscar una solución y valoro la disposición del Gobierno, de los gobernadores y de los senadores para construir este entendimiento”, expresó el parlamentario.
Uno de los aspectos destacados por Trisotti corresponde a las modificaciones destinadas a agilizar la gestión presupuestaria regional. Entre ellas mencionó el adelanto de las resoluciones administrativas al comienzo del año, con el propósito de evitar que los primeros meses del ejercicio presupuestario se vean afectados por procedimientos que retrasan la ejecución de las inversiones.
La oportunidad en la disponibilidad de los recursos constituye un factor relevante para los gobiernos regionales, debido a que los proyectos públicos requieren procesos de planificación, contratación y ejecución que pueden extenderse durante varios meses. Por ello, disponer anticipadamente de las autorizaciones correspondientes puede contribuir a mejorar la programación de las obras y el cumplimiento de los compromisos institucionales.
El senador también destacó que el acuerdo incorpora medidas relacionadas con una mayor flexibilidad en la distribución de fondos y con la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia. Estos aspectos adquieren especial importancia en regiones como Tarapacá, donde las necesidades de infraestructura y las características territoriales requieren una adecuada coordinación entre las autoridades regionales, los municipios y los organismos del Gobierno central.
“Finalmente hubo realismo y flexibilidad. El trabajo que impulsamos desde la subcomisión contribuyó a destrabar esta discusión y alcanzar un acuerdo que entrega mejores condiciones para que las regiones puedan ejecutar sus proyectos”, sostuvo Trisotti.
El entendimiento presupuestario se produce en un contexto de debate sobre la descentralización y la capacidad de los gobiernos regionales para administrar oportunamente los recursos destinados al desarrollo de sus territorios. Más allá de los montos disponibles, uno de los desafíos consiste en establecer mecanismos que permitan ejecutar las inversiones con eficiencia, transparencia y criterios acordes con las necesidades de cada región.
En el caso de Tarapacá, la disponibilidad de financiamiento regional resulta relevante para iniciativas vinculadas con conectividad, equipamiento comunitario, recuperación de espacios públicos, infraestructura y otras áreas que inciden directamente en la calidad de vida de la población. Sin embargo, el impacto efectivo del acuerdo dependerá de las disposiciones que finalmente sean aprobadas en la Ley de Presupuestos y de la posterior ejecución de los proyectos.
Desde esta perspectiva, el trabajo legislativo constituye una etapa del proceso, mientras que la materialización de las inversiones exige coordinación institucional, seguimiento administrativo y mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Trisotti enfatizó que el principal desafío será transformar los compromisos alcanzados en resultados concretos para las comunidades, evitando que los acuerdos presupuestarios queden limitados a declaraciones o disposiciones que no se traduzcan oportunamente en mejoras territoriales.
“Ahora necesitamos que estos recursos se traduzcan en obras, seguridad y mejoras en infraestructura. Eso es lo que la ciudadanía espera; acuerdos transversales que permitan resolver problemas y entregar beneficios concretos desde Arica a Punta Arenas y, especialmente, en nuestra región de Tarapacá”, concluyó.
El acuerdo entre el Ejecutivo y los gobernadores regionales representa un avance en la búsqueda de consensos para el financiamiento territorial durante 2027. Su importancia radicará no solamente en la reposición de recursos, sino también en la capacidad de las instituciones para ejecutar las inversiones dentro de los plazos previstos y responder a las prioridades identificadas por las comunidades.
En ese escenario, la discusión presupuestaria vuelve a poner de relieve la necesidad de fortalecer una descentralización que combine mayores capacidades de gestión regional con responsabilidad fiscal, transparencia y evaluación de resultados.
Para Tarapacá, como para el conjunto de las regiones del país, el verdadero alcance de este entendimiento se medirá cuando los recursos comprometidos se conviertan en proyectos ejecutados y beneficios verificables para sus habitantes.
