Chile atraviesa un periodo que invita a reflexionar sobre la conducción del Estado, la responsabilidad de sus autoridades y el papel que corresponde asumir a la ciudadanía frente a las transformaciones políticas, económicas y sociales. Más allá de las legítimas diferencias ideológicas, resulta necesario preguntarnos si las decisiones gubernamentales están respondiendo efectivamente a las necesidades de la población y si sus consecuencias están siendo evaluadas con la profundidad que exige el interés nacional.
El gobierno del presidente José Antonio Kast representa una orientación política definida, cuyas decisiones han generado debates sobre las prioridades del Estado, la administración de los recursos públicos y sus repercusiones sociales. Sin embargo, el análisis democrático no debería limitarse a respaldar o cuestionar a una autoridad por su pertenencia política. Gobernar implica mucho más que ejecutar un programa: exige prudencia, capacidad de diálogo, responsabilidad institucional y comprensión de las consecuencias que cada medida puede producir en la vida cotidiana.
La experiencia latinoamericana demuestra que las dificultades de gobernabilidad no pertenecen exclusivamente a la izquierda ni a la derecha. Los cambios de administración, las promesas electorales y las confrontaciones partidarias suelen ocupar el centro de la discusión, mientras problemas estructurales como la educación, la desigualdad territorial y la confianza institucional permanecen pendientes. Esta realidad exige superar la confrontación permanente y recuperar el valor del razonamiento crítico.
Pero también corresponde una reflexión ciudadana. ¿Estamos suficientemente preparados para comprender las decisiones que afectan nuestro futuro? ¿Conocemos cómo se administran los presupuestos públicos, cómo se elaboran las leyes o qué mecanismos permiten exigir transparencia? Una sociedad informada no es necesariamente una sociedad formada. La abundancia de noticias y opiniones puede incluso dificultar la comprensión cuando faltan herramientas educativas para distinguir los hechos de la propaganda.
La democracia necesita ciudadanos capaces de examinar las políticas públicas con independencia, reconocer sus beneficios, advertir sus riesgos y exigir resultados verificables. Esta responsabilidad no demanda confrontaciones ni adhesiones incondicionales, sino educación cívica permanente, participación responsable y una cultura de diálogo que respete la diversidad de pensamiento.
Chile necesita avanzar hacia una nueva cultura de responsabilidad pública y conciencia ciudadana. Para ello, resulta indispensable promover programas permanentes de formación cívica para jóvenes y adultos, incorporar el análisis crítico de las políticas públicas en los espacios educativos, establecer observatorios ciudadanos independientes que evalúen las decisiones gubernamentales y fortalecer mecanismos accesibles de transparencia, participación y rendición de cuentas, especialmente en las regiones.
Las universidades, organizaciones sociales, medios de comunicación y entidades territoriales tienen la oportunidad de contribuir a este esfuerzo mediante espacios plurales de aprendizaje y diálogo, sin subordinación a intereses partidarios. No se trata de debilitar a quienes gobiernan, sino de contribuir a que gobiernen con mayor responsabilidad, conocimiento y sentido de Estado. Tampoco se trata de enseñar a la ciudadanía qué debe pensar, sino de proporcionarle las herramientas para comprender, cuestionar y decidir con autonomía. Porque el futuro de Chile no depende únicamente de la capacidad de sus gobernantes, sino también de una sociedad que abandone la indiferencia, supere la polarización y asuma conscientemente su responsabilidad en la construcción del bien común.
Por: Juan Carlos Hernández Caycho, periodista y comunicador
