La nueva normativa entrega nuevas herramientas a las comunidades educativas para prevenir y enfrentar situaciones de violencia, fortalecer la autoridad de los docentes y reforzar la seguridad de estudiantes, profesores y asistentes de la educación.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles, 12 de agosto, la actividad realizada en la Escuela Nueva Zelandia, en la comuna de Independencia, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Ley N.º 21.827, denominada “Escuelas Protegidas”.
La ceremonia contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; los subsecretarios de Educación y Educación Parvularia; el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias; parlamentarios, autoridades del sistema educacional, representantes de la comunidad escolar y estudiantes del establecimiento.
La nueva legislación busca entregar a los establecimientos educacionales mayores capacidades para prevenir y abordar situaciones de violencia, fortalecer las condiciones de seguridad y respaldar a los equipos docentes frente a conflictos que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades académicas.
De acuerdo con los antecedentes difundidos junto con la normativa, las denuncias por convivencia escolar relacionadas con maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695 casos. A ello se suma que durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros citados en los antecedentes de la iniciativa.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que la nueva legislación busca que los establecimientos educacionales puedan contar con herramientas para abordar oportunamente los conflictos y evitar que situaciones relacionadas con la convivencia escolar escalen a episodios de mayor gravedad.
La secretaria de Estado explicó además que las orientaciones que entregue la Superintendencia de Educación deberán establecer la forma en que los establecimientos podrán aplicar las nuevas herramientas y facultades contempladas en la normativa, con el propósito de respaldar a profesores y equipos escolares.
Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, señaló que la Ley “Escuelas Protegidas” busca fortalecer la autoridad de los docentes, reducir la burocracia y entregar nuevas capacidades a los establecimientos para prevenir y abordar situaciones de violencia.
Nuevas facultades para los establecimientos
Entre las disposiciones de la nueva legislación se encuentra la posibilidad de que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias, procedimiento que deberá ser realizado por personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso.
La normativa establece expresamente que estas disposiciones no contemplan revisiones corporales ni de vestimentas.
La ley también amplía las herramientas disponibles para los profesores, quienes podrán adoptar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata frente a determinadas situaciones que afecten el orden dentro de la sala de clases. Estas acciones deberán aplicarse bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Otro de los aspectos contemplados es la priorización de mecanismos de gestión colaborativa de conflictos, con el objetivo de disminuir la carga administrativa que enfrentan los equipos escolares. Esta posibilidad tendrá como excepción aquellos casos en que existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
La normativa incorpora además medidas frente a amenazas e interrupciones de las actividades académicas y establece que los reglamentos internos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial, salvo excepciones debidamente fundamentadas.
A ello se suma un mayor involucramiento de padres, madres y apoderados en las instancias relacionadas con convivencia, disciplina y prevención de la violencia al interior de las comunidades educativas.
Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.827, el Gobierno plantea como objetivo fortalecer las capacidades de los establecimientos para prevenir y enfrentar situaciones de violencia, procurando que las comunidades educativas dispongan de condiciones de mayor seguridad para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La implementación de las nuevas disposiciones requerirá, de acuerdo con lo informado, la adecuación de los reglamentos internos y la aplicación de las orientaciones que deberán entregar los organismos competentes del sistema educacional.
